La
ley de victimas implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos, no es más
que el primer paso para lograr una posible reconciliación entre los sujetos
pasivos, directos e indirectos, del conflicto armado interno que sufre Colombia.
Es así que tiene como intención primordial
lograr entre otras una indemnización que satisfaga no solo las necesidades
económicas de los afectados, sino también en el aspecto moral y social de la
persona que sufrió una vulneración directa a sus derechos humanos en medio del
conflicto que sufre en estos momentos el país.
Este
proceso de reconciliación nacional, retrotrae ideas ya implementadas en medidas
anteriores, como el Decreto 1290 de 2008
en la medida que no son solamente los aspectos económicos y judiciales los que
salen a jugar un papel importante, sino que a su vez se hace énfasis en medidas
administrativas pero sobre todo, sociales.Esto último es sumamente importante para este proceso de indemnización y reconciliación si tenemos en cuenta que se está legislando para un sector que se había mantenido relegado a nivel político, las víctimas. Eran muchos los procesos y las oportunidades que se le estaban dando a los sujetos activos del conflicto y poco lo que se estaba ofreciendo a ese sujeto pasivo. Esta ley básicamente cumple con la función de dar un vuelco total a la forma que se le estaba dando al conflicto en cuanto a oportunidades de resocialización y de reconciliación.